En un amplio operativo llevado a cabo el miércoles en diferentes sectores de Linares, se detuvo a ocho individuos, incluyendo a una mujer que desempeñaba el papel de líder y siete hombres. Esta acción permitió esclarecer los asesinatos de Oscar Garrido Aguilera y Vicente Campos Rojas, ocurridos en julio y agosto de 2024 respectivamente. Ambos cuerpos fueron hallados maniatados de pies y manos con un cable coaxial, torturados y arrojados al río en el puente Liguay, con un disparo en la cabeza.
Durante la audiencia de formalización de cargos, se impusieron diversas medidas cautelares a los imputados. Uno de ellos deberá firmar semanalmente, tener arraigo nacional y está prohibido de contactar a los otros involucrados. Otro enfrentará arresto domiciliario nocturno, firma diaria, arraigo nacional y la misma prohibición de contacto. Los seis restantes fueron sometidos a prisión preventiva, con tres de ellos recluidos en la cárcel de Cauquenes, dos en Linares y la líder de la banda en el Centro Penitenciario Femenino de Talca.
De acuerdo con la información obtenida en la investigación, la banda delictual se especializaba en reclutar «soldados», a quienes sometían a amenazas y torturas para mantenerlos intimidados y forzarlos a cumplir sus órdenes en un centro de acopio y venta de drogas ubicado en Januario Espinoza, junto a la vía férrea en Linares. En este lugar, la organización contaba con un arsenal considerable de armas, municiones, radios de comunicación, drogas y vigías que se turnaban en el techo de la propiedad para garantizar la seguridad del sitio.
El fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la fiscalía del maule, Osvaldo Ibarra, encabezó las diligencias que fueron ejecutadas por la Brigada de Homicidios (BH) y un equipo multidisciplinario de la PDI, desbaratando una peligrosa agrupación criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, deteniendo a 8 imputados e incautando drogas y armas de fuego tras masivos allanamientos en Linares.
El Fiscal Ibarra presentó diversas pruebas, incluyendo llamadas telefónicas que demostraban la organización de esta banda criminal, liderada por la imputada con iniciales A.A.M. y su pareja P.B. Además, se mostraron imágenes de la vivienda donde residían ambos, así como el método utilizado en los homicidios de las dos víctimas en Longaví.
“El tribunal compartió los argumentos de la fiscalía, en cuanto a entender que aquí estábamos frente de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y además que se les imputaron dos delitos graves de homicidios ocurridos en la zona. El tribunal dio como acreditado estos delitos y entendió la necesidad de cautela grande, de muchos delitos graves y decretó la prisión preventiva para seis imputados solicitados por la fiscalía”, señaló el fiscal Osvaldo Ibarra.
Los principales miembros de la banda enfrentan cargos por tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y de armas de fantasía modificadas, así como posesión de municiones. A tres de los imputados, que incluyen a los dos líderes y al brazo operativo de la banda, se les ha añadido el delito de homicidio calificado, agravado por la alevosía y la premeditación.
Por su parte, el jefe de la región policial del Maule, prefecto inspector Luis Salazar, indica que, “Estos hechos se inician cuando es hallado un cuerpo amarrado en el río Liguay con dos impactos balísticos en el cráneo. Un mes más tarde, otro cuerpo con similares características es hallado, comenzando la investigación profesional por parte de los detectives en conjunto con el Ministerio Público, utilizando todas las herramientas investigativas que culmina con la detención de 9 personas, todas ligadas a los homicidios y también pertenecientes a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, por cual se intervinieron 15 domicilios, logrando la incautación de cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, 8 armas de fuego y otros elementos que son utilizados para la comisión del delito”.
Durante el allanamiento, se logró incautar un revólver, escopetas, armas de fuego modificadas, municiones, más de un kilo de droga, vehículos relacionados con los delitos, radios portátiles, drones, pelucas, entre otros elementos utilizados para llevar a cabo las actividades ilícitas, así como 147 mil pesos en efectivo.
El Tribunal dispuso 6 meses de investigación de este caso, que ha conmovido por su alto poder de organización que mantenía la banda.
