Una veintena de municipios rurales de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío se reunieron este lunes en Cauquenes para manifestar su rechazo al proyecto de transmisión eléctrica Itahue-Hualqui. La cita, convocada por la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), marcó un hito de coordinación interregional en defensa del territorio y la participación ciudadana.
El proyecto fue aprobado recientemente por el Comité de Ministros, pese al informe desfavorable del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), lo que generó molestia transversal entre los ediles y dirigentes sociales.
Rechazo transversal y llamado a La Moneda
En la reunión, alcaldes, concejales y representantes comunitarios firmaron un convenio intermunicipal que incluye la entrega de una carta formal en La Moneda, suscrita por los 20 municipios afectados. El mensaje es claro: las comunidades rurales no fueron escuchadas.
“El Comité de Ministros pasó por alto el rechazo técnico del SEA y no consideró la opinión de nuestras comunidades”, señaló el alcalde de Cauquenes, Jorge Muñoz. “Exigimos transparencia, participación y respeto al medio ambiente”.
Carolina Muñoz, alcaldesa de Hualañé y vicepresidenta de AMUR, enfatizó que el proceso se tramitó durante la pandemia, con escasa participación ciudadana. “Hoy alzamos una sola voz municipal frente a un proyecto que amenaza nuestras familias y ecosistemas rurales”, dijo.
Estrategia legal y política en marcha
Durante la jornada se acordó una estrategia conjunta en tres frentes: la presentación de un recurso de invalidación contra la resolución ministerial, el inicio de acciones ante el Tribunal Ambiental, y la coordinación política con parlamentarios de las tres regiones.
Desde la Región del Biobío, el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, advirtió que el trazado partirá su comuna en dos. “Tomé no puede quedar dividida por torres sin consulta previa. Si no somos escuchados, no descartamos movilizaciones”, afirmó.
Por su parte, Alejandro Pedreros, alcalde de Coelemu, reiteró la falta de información y la ausencia de diálogo. “Exigimos explicaciones al Presidente. Esta no puede ser la forma de hacer política pública”, sostuvo.
Impactos ambientales y territoriales
El proyecto contempla más de 400 kilómetros de tendido eléctrico, atravesando zonas de alto valor ecológico, como humedales, bosques nativos y áreas productivas clave. La preocupación va más allá del cableado: organizaciones ciudadanas alertaron que la línea habilitará la conexión de más de 50 proyectos de generación energética, incluidos los primeros parques eólicos marinos del país.
“Estamos frente a una transformación territorial masiva, con impactos acumulativos no evaluados. Son más de 320 mil hectáreas que cambiarán sin consulta ni beneficios claros para las comunidades”, advirtió Jaime Soto, representante del Parque Nacional Nonguén.
Unidad territorial ante una amenaza común
La jornada concluyó con un mensaje de unidad y resistencia territorial. “Esta lucha es por nuestras comunidades y por el futuro de nuestros hijos. No aceptaremos que nos impongan este proyecto sin diálogo ni justicia”, expresó uno de los dirigentes locales.
Próximos pasos
• Entrega presencial de carta en La Moneda firmada por 20 municipios.
• Recurso de invalidación administrativa ante la autoridad ambiental.
• Coordinación política con parlamentarios para frenar el avance del proyecto.
