La acción ante el Tribunal Constitucional se conoce luego de la suspensión del alcalde de San Javier, caso que vuelve a poner bajo escrutinio la norma que ordena apartar del cargo a los jefes comunales tras fallos de primera instancia.
El alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar la norma que ordena la suspensión inmediata del cargo tras una sentencia de primera instancia del Tribunal Electoral Regional, aun cuando no esté firme.
La acción cuestiona el inciso octavo del artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al sostener que la suspensión automática vulnera el debido proceso, la presunción de inocencia y tratados internacionales de derechos humanos.
El requerimiento se enmarca en una causa seguida ante el TER del Maule, iniciada por concejales que solicitaron la cesación del alcalde por notable abandono de deberes y eventuales infracciones a la probidad administrativa.
Según la presentación, la suspensión opera de pleno derecho, sin resolución específica, sin regulación de plazos ni efectos, y sin posibilidad de impugnación, lo que -afirma- la convierte en una sanción administrativa de plano.
El debate cobra especial relevancia tras el fallo adverso contra el alcalde de San Javier, Jorge Silva, quien fue suspendido luego de que el TER acogiera una acusación presentada por concejales, pese a que la resolución aún no se encuentra firme.
Ese precedente, advierte la defensa de Meza, evidencia los efectos inmediatos y potencialmente irreparables de la norma, que puede mantenerse vigente durante toda la tramitación de una apelación ante el Tricel.
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá resolver ahora la admisibilidad del requerimiento. De prosperar, el caso será visto por el Pleno, en una decisión que podría redefinir el alcance de las suspensiones automáticas de alcaldes en el país.
