El inicio del año escolar 2026 ha estado marcado por un aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales del país. Más que un fenómeno nuevo, especialistas advierten que se trata de una crisis estructural que se ha ido profundizando con el tiempo. Columna de opinión de Paulina Álvarez Rodríguez.
Durante años, situaciones como el bullying, las agresiones y los conflictos entre estudiantes fueron normalizados o minimizados. Hoy, ese escenario pasa la cuenta con mayor visibilidad y gravedad.
En Chile, una alta proporción de niños, niñas y adolescentes enfrenta episodios de acoso escolar a lo largo de su trayectoria educativa. No son casos aislados, sino dinámicas que se repiten y que muchas veces se abordan tarde o derechamente se invisibilizan.
Pero el problema no se limita a las aulas. La violencia escolar también refleja tensiones sociales más amplias, donde el rol de las familias se vuelve clave. La falta de tiempo, producto de extensas jornadas laborales, ha reducido los espacios de acompañamiento y contención emocional.
A ello se suma un fenómeno cada vez más frecuente; la participación de apoderados en conflictos escolares. Desde enfrentamientos dentro de los establecimientos hasta la validación de conductas agresivas, estas situaciones contribuyen a instalar una cultura de confrontación que termina replicándose en los estudiantes.
El entorno digital ha intensificado este escenario. Las redes sociales han extendido los conflictos más allá del colegio, amplificando episodios de violencia y facilitando el anonimato. El ciberacoso se ha transformado en una de las expresiones más complejas de abordar.
En este contexto, la Ley 21.801 aparece como un avance, aunque aún presenta vacíos, especialmente en lo relacionado con el rol de los apoderados, quienes muchas veces quedan fuera de las regulaciones.
Otro factor en debate es la restricción del uso de celulares en los colegios. Si bien busca mejorar la convivencia, expertos advierten que, sin acompañamiento, puede generar efectos adversos como ansiedad o frustración en estudiantes que utilizaban estos dispositivos como herramienta de regulación emocional.
A nivel estructural, también surgen críticas a la gestión histórica del sistema educativo. El funcionamiento de los DAEM ha sido cuestionado por prácticas ineficientes y uso inadecuado de recursos, lo que habría debilitado la capacidad de respuesta frente a problemáticas como la salud mental y la convivencia escolar.
Hoy, con la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), se abre una oportunidad para corregir estas falencias, aunque su éxito dependerá de una gestión centrada en las comunidades educativas.
Expertos coinciden en que las medidas de control, como mayor vigilancia o restricciones, no son suficientes para abordar el problema de fondo. La violencia escolar responde a múltiples factores; sociales, familiares, emocionales e institucionales.
Por ello, el desafío apunta a fortalecer la salud mental, reforzar los equipos psicosociales y trabajar de manera integral con las familias, evitando sobrecargar a los docentes con responsabilidades que exceden su formación.
La advertencia es clara; si no se enfrenta esta problemática con profundidad, el sistema educativo seguirá incubando una crisis que podría tener consecuencias mayores en el corto plazo.
