La percepción ciudadana sobre el aumento de los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ sigue en alza en Chile. Así lo revela el último informe “Claves Ipsos”, elaborado por Ipsos en conjunto con Fundación Iguales, que muestra un mayor respaldo a leyes que sancionen este tipo de expresiones.
El estudio, que encuestó a mil personas a nivel nacional, indica que un 31% cree que los discursos de odio en redes sociales han aumentado, nueve puntos más que en mayo de 2025. En paralelo, el 58% está de acuerdo con una ley que sancione el discurso de odio por orientación sexual o identidad de género, reflejando un respaldo ciudadano creciente a medidas legales.
Evaluación crítica al rol del Estado
Pese a algunos avances percibidos, la evaluación del accionar gubernamental es mayoritariamente crítica. Solo un 30% considera que el Gobierno hace lo suficiente para apoyar y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, mientras que un 43% opina lo contrario y un 27% declara no saber.
Si bien la mitad de los encuestados cree que los derechos han mejorado en los últimos cinco años, esta percepción es menor a la registrada en 2025. Además, un 52% rechaza restringir o eliminar las leyes vigentes que reconocen derechos a esta comunidad.
El peso de las palabras públicas
El informe subraya el impacto del discurso político. Un 63% considera que las declaraciones de autoridades influyen directamente en promover o frenar la violencia y la discriminación, una señal de alerta sobre la responsabilidad de líderes y figuras públicas.
“La ciudadanía reconoce que las palabras no son neutras. Pueden construir respeto o alimentar la violencia”, señaló Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, llamando a una mayor responsabilidad en el debate público.
Educación: amplio respaldo a políticas inclusivas
En el ámbito educacional, el apoyo es transversal. El 77% respalda protocolos contra el acoso y la discriminación en colegios, mientras que un 69% apoya orientaciones de salud mental para estudiantes LGBTIQ+. Además, un 58% está de acuerdo con la educación sexual integral con enfoque de diversidad.
Salud y trabajo: avances desiguales
En salud, las cifras son más bajas. Solo un 32% cree que los profesionales están preparados para atender a personas trans, y apenas un 30% estima que el sistema responde adecuadamente a las necesidades de la comunidad LGBTIQ+. Aun así, el 52% rechaza que funcionarios puedan negarse a atender por razones religiosas o personales.
En el mundo laboral, el panorama es más positivo. Un 60% percibe mayor inclusión que hace cinco años y un 57% afirma que las personas LGBTIQ+ pueden mostrarse abiertamente en sus trabajos, identificando este espacio como menos discriminador que otros ámbitos sociales.
Llamado a la acción política
Desde Fundación Iguales, su directora María José Cumplido enfatizó que existe una ciudadanía mayoritaria que apoya sancionar el odio, fortalecer protocolos de inclusión y mantener las leyes de protección. “Esa ciudadanía es más grande de lo que el debate político sugiere”, afirmó, llamando al Congreso y al Ejecutivo a responder con acciones concretas.
El informe deja en evidencia una brecha persistente entre el respaldo ciudadano a la inclusión y la percepción de una respuesta institucional insuficiente, en un contexto donde los discursos de odio siguen siendo una preocupación creciente.
