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Profesor Eric Palma declinó su precandidatura debido a iniciativa de la senadora Rincón y del senador Elizalde

En reunión sostenida con su equipo de precandidatura luego de un importante avance en las firmas requeridas, y ante la posibilidad cierta de reunir las firmas en el mes de noviembre, el equipo electoral que chequeó el cumplimiento de los requisitos comunicó a los presentes la pésima noticia.

El plazo de nueves meses de la ley vigente no fijaba el requisito para ser independiente sino la ley de reforma constitucional 21.221 (ley modificatoria de la fecha de realización del plebiscito). Dicha reforma incluyó también, aunque no le diga el nombre de la ley, una extensión del plazo de 9 meses a 17 meses y fracción considerando la fecha de la votación o a 15 meses si se considera la fecha de inscripción. En atención a lo informado, el jueves 5 de noviembre el profesor Palma comunicó al equipo de Longaví Despertó, y a sus adherentes de Linares, San Javier, Longaví y Parral, que estaba impedido de ser candidato. La letra chica aprobada por el Gobierno y la casi unanimidad de los partidos políticos le impedía ser candidato.

De acuerdo con la normativa legal vigente, ley 18.700, el plazo para ser considerado independiente luego de haber militado en un partido es de 9 meses. Dicho plazo fue modificado, sin que se diera noticia alguna al respecto en la prensa ni en el Servel, extendiéndose a 17 meses y fracción considerando el acto electoral del 11 de abril. Tuvo lugar un aumento claramente arbitrario, transformándose en una auténtica sanción.

Dicha modificación, que casi duplica el plazo legal de nueve meses, es de rango constitucional y sólo rige para las elecciones del 11 de abril tanto respecto de convencionales constituyentes como para concejales, alcalde y gobernador regional. La disposición constitucional transitoria establece que los exmilitantes sólo adquieren la calidad de independiente si renunciaron antes del 26 de octubre de 2019, es decir, se creó un requisito retroactivo para una elección que no era conocida al momento de la renuncia de los exmilitantes.

Se trata de una verdadera sanción a los militantes que renunciaron a los partidos de oposición luego del 25 de octubre de 2019, como acto de repudio ante el apoyo prestado a la agenda del Gobierno. La sanción los priva de un derecho político básico en toda democracia como es el derecho a ser candidato o candidata. La iniciativa es de autoría del senador del Partido Socialista, Alvaro Elizalde, de la senadora de la DC, Ximena Rincón, y también contó con el patrocinio del senador Latorre del FA. Fue votada favorablemente por los diputados y diputadas de dichas coaliciones y tuvo el voto en contra del diputado humanista Alarcón y la diputada Jiles.

Palma informó que su renuncia se produjo luego de una carta publicada en la prensa nacional [https://radio.uchile.cl/2019/11/21/transformando-en-conservador-un-proceso-emancipador/]. Agregó que la sanción afecta a todos los exmilitantes de RD y del PS que renunciaron en masa a ambos partidos en la coyuntura de los meses de octubre y noviembre de 2019.

El hecho de haber dado rango constitucional a esta sanción impide que sea discutida en los Tribunales de Justicia o en el Tribunal Constitucional, por lo que los partidos que la aprobaron se aseguraron de dejar en la completa indefensión a los ex militantes. Todas y todos los que abandonaron a los partidos en abierta crítica de sus decisiones, se ven privados del derecho a ser candidata o candidato independiente a pesar de que su desafiliación tuvo lugar hace más de 9 meses.

Eric Palma calificó como cínica la actitud de los partidos que ofrecen cupos para los independientes y al mismo tiempo sancionan duramente a los exmilitantes que tienen todo el derecho a recuperar su calidad de independiente transcurridos 9 meses desde su renuncia. Los partidos crearon independientes de primera y de segunda para esta elección. Despojaron a los críticos de las cúpulas partidarias del derecho a tomar un nuevo camino político.

Finalmente Palma agradeció todo el respaldo que se dio a la precandidatura e informó que estudiarán vías a seguir, pero, dado que el castigo fue aprobado por unanimidad de los partidos de gobierno y oposición, salvo las honrosas excepciones de los humanistas, se ve casi imposible que el Congreso y el Gobierno eliminen dicha sanción abiertamente arbitraria y manifiestamente injusta.

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