Debido a polémicas que han surgido en este período de campañas políticas, el parlamentario independiente por el Maule pidió que avance el proyecto que él presentó el año pasado y que desde entonces está atascado en el Senado.
El senador por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, hizo un llamado a apresurar la discusión del proyecto de ley que busca prohibir la inscripción de candidaturas a personas que sean deudores de pensiones de alimentos y/o que estén condenadas por violencia intrafamiliar, el cual presentó en octubre de 2020.
Dicha iniciativa, patrocinada por la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Francisco Chahuán, lleva casi un año estancada en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por lo que el parlamentario independiente emplazó al Senado a retomar este tema.
Es tal la gravedad de la situación de las pensiones alimenticias a nivel nacional, que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó a Radio T13 que “a mí me parece que este es un tema grave en el país, en el sentido que las deudas alimentarias no se pagan. Más de un 80% está impaga, se decretan por los tribunales, pero no se pagan”.
Por su parte, el senador independiente sostuvo que, “creo que es sumamente importante que ninguna persona que opte a un cargo público pueda tener deudas de pensión de alimentos, puesto que eso vulnera completamente los derechos de los niños, niñas y padres adeudados y eso no es justo. Yo como senador, estoy siempre apoyando cualquier iniciativa que sea para proteger a las familias, porque eso es lo más importante para mí”.
A su vez, la moción dice que “no podrá ser inscrito como candidato a Presidente de la República, diputado, senador, gobernador regional, alcalde o concejal quien tenga al momento de la declaración de la candidatura, inscripciones vigentes por actos constitutivos de violencia intrafamiliar conforme a la ley, como también quienes mantengan deudas por pensiones de alimentos decretados por tribunales por resoluciones que se encuentran firmes y ejecutoriadas”.
En la misma línea, Daniela Quintana, psicóloga con experiencia en infancia, afirmó que “el impacto de la violencia en general es enorme para los niños y niñas y los vulnera desde que comienza a ocurrir, puede percibirse en varios aspectos: Sociales, educativos, económicos y sobre todo emocionales. Para el desarrollo completamente sano de un o una menor, deben estar cubiertas sus necesidades emocionales, físicas, sociales y económicas y si no es así, pueden presentar problemas físicos, sociales y psicoemocionales, cómo ansiedad, depresión, baja autoestima, irritabilidad, entre otros”.
Mientras tanto, esta semana volverá a ser discutido otro proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, el cual busca restringir a quienes cometan estas irresponsabilidades con diferentes sanciones, como la prohibición de sacar licencia de conducir, pasaportes, entre otras.