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martes, julio 16, 2024
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Senadora Rincón :“Es la palabra del alcalde contra la de Contraloría y yo le creo a Contraloría”

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Con una fuerte frase, la Senadora por el Maule, se refirió a la denuncia por una posible corrupción en el Municipio de Linares, realizando un llamado al jefe comunal a no jugar el rol de víctima, sino que a aclarar al menos seis puntos que ni él, ni su asesora jurídica respondieron sobre el informe del órgano contralor.  “No basta con decir ‘aquí no ha pasado nada’, sino que hay que demostrar con hechos concretos que se reparó el mal causado y que se sancionó a los responsables.  De ello, no se escucha nada”, aseguró la legisladora.

Un llamado al alcalde de Linares a que no explique ni justifique las graves irregularidades detectadas por Contraloría General de la República, sino que, por el contrario, demuestre que se reparó el mal causado y se sancionó a los responsables, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien dijo que la impunidad sólo agrava la corrupción.

“Quiero llamar al alcalde a que no se victimice, sino que aclare al menos seis puntos que ni él ni su asesora jurídica respondieron respecto sobre el informe del órgano contralor.  No basta con decir ‘aquí no ha pasado nada’, sino que hay que demostrar con hechos concretos que se reparó el mal causado y que se sancionó a los responsables.  De ello, no se escucha nada y por tanto es la palabra del alcalde contra una investigación de varios meses de la Contraloría.  Y yo le creo a la Contraloría”, aseguró la legisladora.

SIN RESPUESTAS

Ximena Rincón dijo que el jefe comuna justificó el retraso en el pago de las cotizaciones previsionales del personal DAEM entre enero  2020 y mayo 2021 al hecho que “El Ministerio de Educación paga las subvenciones con retraso”, situación que -recalcó- queda desacreditada en el informe de Contraloría, que establece que aún cuando Mario Meza sabía de la situación, no adoptó las medidas necesarias para su corrección.

“Es más, falta documentación que respalde el  pago de 79 millones 740 mil pesos a determinadas ISAPRES, cajas de Compensación  y Compañía de Seguros ¿Mostró el alcalde esos comprobantes? No ¿Mostró su asesora jurídica esos documentos? No.  Entonces, es evidente que el alcalde incumplió su deber de actuar según la ley y si no se adjuntan las planillas de pago, en 15 días  desde la recepción del informe, se  califica como gasto indebido y debe ser restituido. Si las cotizaciones no se pagan, el  alcalde incurre en notable abandono de deberes y puede ser destituido”, explicó la parlamentaria.

Añadió que si bien el jefe comunal presenta documentación del pago tardío, no se hace cargo de las consecuencias de esta infracción, ya que nada dice sobre los intereses y multas por el retraso suman 139 millones 739 mil pesos.  “La negligencia del Alcalde produjo un detrimento en el patrimonio  público, que debe resarcir mediante el respectivo juicio de cuentas. Esta infracción se incluirá en el procedimiento disciplinario que abrirá la Contraloría en el Municipio, que puede terminar con sanciones que van desde censuras, multas y suspensiones hasta destitución”, aclaró la congresista.

La Senadora dijo que un tercer punto grave sin respuesta son las graves irregularidades  en el pago por materiales de aseo para jardines y salas cunas Vía Transferencia de Fondos, VTF.  Al respecto, dijo que nada dice el alcalde o sus asesores.

“¿Por qué? No va a decir nada del hecho que se emitieran478 órdenes de compra entre 2018 y 2020, por un monto adjudicado y pagado de 159 millones 708 mil pesos, lo que excede en un 432% el presupuesto para el período de dos años, que era de sólo 30 millones. Peor aún, no presenta documentación que respalde el gasto de casi cuatro millones de ese monto en esas compras”, dijo la parlamentaria, quien recordó que el informe establece que esas adquisiciones “no tienen justificación técnica ni razón de fuerza mayor ni fortuito que las avale, por lo que si no se aclara documentalmente en un plazo de 15 días, se considerará “gasto indebido” y  se deberá resarcir mediante el respectivo juicio de cuentas.

Ximena Rincón dijo que un cuarto punto que el alcalde Meza no aclara son las irregularidades  en la adquisición y entrega de cajas de alimentos a habitantes de la comuna en el programa “Un hogar, una caja de alimentos”, al que se destinó una inversión de 216 millones 300 mil pesos. 

Sobre este punto, el jefe comunal explicó que “la presión originada por la difícil condición sanitaria y socioeconómica provocó la distribución de ayudas sociales sin la documentación debida”.  Para la Senadora, si lo dicho por el jefe comunal fuese válido, todos los municipios de Chile tendrían irregularidades graves en esta material.

De hecho, recordó que falta de acreditación de criterios y hay inconsistencias en la documentación de respaldo de las compras realizadas a una proveedora particular.  Además, de un listado de 25 mil beneficiarios del programa a septiembre de 2020, casi diez mil no contaban con Registro Social de Hogares, tres mil no calificaban en el 40 por ciento de menores ingresos y sobre 99 supuestos  favorecidos, no se entregó información alguna. 

Un quinto aspecto sin respuesta clara y contundente del alcalde Meza, precisó la Senadora Rincón, es la falta de información Falta de información acerca de los destinatarios de  colaciones frías por seis millones 820 mil pesos.  Agregó que el alcalde dice que se habrían entregado a quienes esperaban su turno para vacunarse, pero el informe de Contraloría es claro al señalar que no se aclara cómo se entregaron, dónde ni con que objetivo.

“No hay medios físico y electrónicos que confirmen la entrega de colaciones, por lo que Contraloría abrirá un procedimiento disciplinario contra el municipio”, explicó

Finalmente, la legisladora dijo que explicación del alcalde Meza para no dar cumplimiento a instrucción impartida en noviembre de 2018 en orden a invalidar adjudicación de la biblioteca municipal, no tiene asidero y es un sexto punto sin respuesta. 

“El jefe comunal dice que hay un proceso de nulidad pendiente en un juzgado civil, pero Contraloría es clara al señalar que la existencia de acciones legales no paraliza ni suspende el cumplimiento de las instrucciones, pues sus pronunciamientos son obligatorios y vinculantes para las municipalidades, por lo que hay infracción de deberes funcionarios y responsabilidad administrativa que deberá determinarse en procedimiento disciplinario.  Ahora el municipio tiene 60 días para invalidar la resolución”, concluyó.

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