En el marco de una extensa audiencia que se prolongó por seis horas, durante la jornada de este jueves 26 de septiembre, la Fiscal Carola D’Agostini presentó argumentos que complican la situación del alcalde de Linares, Mario Meza, el director de Dideco, Jhon Sancho, y el encargado de los servicios incorporados a la gestión, Francisco Parra, entre otros 6 funcionarios municipales y 6 comerciantes.
Bastante expectación generó la primera jornada de audiencia de formalización del caso denominado, fraude al fisco reiterado, contra el alcalde Mario Meza y 14 personas más, la que se extiende hasta la mañana de este viernes en la segunda sala del Tribunal de Garantías de Linares. De los hechos, se imputan 4 delitos con una defraudación de más de 198 millones de pesos, arriesgando penas que van de 5 a 15 años y un día en su grado mayor.
Hecho 1: Adquisición de 30,000 litros de cloro
De acuerdo con un informe de la Contraloría Regional, la Municipalidad realizó un pago excesivo de $24,390,000 a Pedro Romero Orellana por la compra de cloro, a pesar de que la empresa “Liquidadora Linares” ofrecía el mismo producto por un monto inferior de $7,740,000 por 30,000 litros. La adquisición se efectuó de manera fraccionada para eludir el control del Concejo Municipal. Aunque ambas órdenes de compra correspondían al mismo producto y proveedor, debió haberse realizado una única compra, dado que el total de $32,130,000 superaba las 500 UTM, lo que requería la aprobación del Concejo.
Se destaca que Pedro Romero Orellana inició su actividad de venta de artículos de aseo el 15 de abril de 2020, justo dos días antes de enviar las cotizaciones. Además, la contadora que realizó dicha inscripción estaba vinculada a los querellados, siendo la contadora de Juan Rodrigo González Sepúlveda, Alex Cabrera Briceño y Richard Ralph Bichet, este último hermano del Administrador Municipal de Linares, Jhon Leandro Sancho Bichet, quien es un funcionario de confianza del alcalde Meza.
El Informe Pericial Documental N° 141/021, elaborado por el Laboratorio de Criminalística Regional Talca de la Policía de Investigaciones de Chile, concluyó que las firmas de Pedro Romero Orellana en las cotizaciones y en los Decretos de Pago N° 797 y 799 eran falsificadas.
Hecho 2: Compra de 3,000 test rápidos de COVID-19
El 5 de mayo de 2020, el proveedor Inversiones y Asesorías NODO Chile, representado por Alex Fuenzalida Villalobos, emitió una factura electrónica por 3,000 test de identificación inmunocromatográfica COVID-19 por un total de $64,260,000, IVA incluido. La Contraloría Regional del Maule, en su Informe de Investigación Especial N° 568/2020, determinó que la Municipalidad pagó un sobreprecio de entre $44,160,000 y $49,260,000 en comparación con los precios de mercado de abril de 2020.
A pesar de que la adquisición superaba las 500 unidades tributarias mensuales, el alcalde Meza no solicitó el acuerdo del Concejo Municipal, lo que contraviene la normativa establecida en la ley N° 18.695. La situación tributaria de NODO Chile SPA reveló que, aunque iniciaron actividades en octubre de 2019, no contaban con la categoría adecuada para la venta de los test al momento de la compra.
El informe también señala que Alex Fuenzalida Villalobos no pudo ser ubicado a pesar de los esfuerzos realizados por la Policía de Investigaciones.
Hecho 3: Adquisición de 142 cajas de mascarillas por $6,716,955
En el Informe Policial N° 1512, se constató que la compra de mascarillas a AC Tecnología y Seguridad, representada por Alex Cabrera Briceño, se realizó con un sobreprecio de $6,418,755. La empresa, que inició actividades el 5 de diciembre de 2019, no tenía el giro necesario para realizar la venta de productos farmacéuticos, lo que generó serias dudas sobre la legalidad de esta transacción.
Hecho 4: Compra de productos para 35,000 cajas de alimentos
El informe de la Contraloría señala que se invitó a un grupo limitado de oferentes para la compra de productos alimenticios, entre los cuales se encontraba Juan Rodrigo González Sepúlveda, implicado en el fraude de la compra de cloro, y Marianela de Lourdes Muñoz Pérez, pareja de Iván Romero Verdugo, primo del alcalde. Se identificó un sobreprecio en esta compra que superó los $119 millones de pesos.
Consecuentemente, el Consejo de Defensa del Estado ha interpuesto una querella contra el alcalde Mario Meza, Jhon Sancho, Francisco Parra, y contra 7 funcionarios municipales y 6 comerciantes involucrados, por delitos de estafa al Fisco, abarcando a todos aquellos que resulten responsables durante la investigación.
Durante la primera jornada, se tomaron las medidas cautelares de arraigo nacional y firma ante Carabineros a Juan Carlos Soto, Antonio Díaz, Eva Palma, Martha Nuñez, Jorge Suazo, Eugenio Delgado, Karen Avendaño, Richard Ralph Bichet, Alex Cabrera, Alex Fuenzalida, Juan González, Pedro Romero, Marianela Muñoz, Javiera Romero e Iván Romero, cada quince días y para otro, una vez al mes.
