Por Romina Irribarra Vivanco, Directora del Programa de Pedagogía en Educación Media, Universidad Andrés Bello, Concepción
Cada 16 de octubre, conmemoramos el Día del Profesor en Chile. Más allá de los saludos simbólicos y las menciones en redes sociales, esta fecha debería abrir un espacio de reflexión profunda sobre el estado actual de la profesión docente, sus desafíos estructurales y el lugar que ocupa -o debiera ocupar– en el proyecto país.
La figura del profesor ha sido históricamente idealizada como un actor clave en la formación de nuevas generaciones. Se le atribuyen cualidades heroicas: inspirador, resiliente, multifuncional. Sin embargo, esa visión romántica ha sido utilizada, muchas veces, como excusa para invisibilizar las condiciones reales y adversas en las que se ejerce la docencia en nuestro país.
La vocación, si bien es una fuerza poderosa que impulsa a miles de profesores a continuar pese a las dificultades, no puede seguir siendo el fundamento sobre el cual se sostiene un sistema educativo altamente demandante y, en muchos casos, precarizado. El sacrificio personal ha sido naturalizado como parte inherente del ejercicio docente, generando una peligrosa expectativa social de abnegación permanente. Esta lógica es insostenible.
La multiplicidad de roles que hoy asume un profesor —educador, orientador, trabajador social, mediador e incluso figura parental— responde a necesidades reales de un sistema educativo tensionado por profundas desigualdades sociales. Sin embargo, esas funciones se han sumado sin que exista una correlación adecuada en términos de formación, recursos, tiempo ni condiciones laborales. La sobrecarga emocional y física que esto implica ha comenzado a tener consecuencias concretas: entre 2015 y 2021, la tasa de abandono docente fue del 5% anual, cifra que asciende al 7,6% en el caso de los establecimientos particulares. Además, se estima que cerca del 20% de los profesores jóvenes abandona la profesión en sus primeros cinco años de ejercicio.
A ello se suma un fenómeno alarmante: el incremento sostenido de situaciones de violencia en el espacio escolar, muchas de las cuales se dirigen directamente hacia los docentes. Solo en el primer semestre de 2025, las denuncias por convivencia escolar aumentaron en un 25%, incluyendo agresiones físicas y verbales. Este deterioro del clima escolar no solo afecta la calidad del proceso educativo, sino que mina la salud mental de los profesionales de la enseñanza, generando un círculo vicioso de desgaste, desmotivación y renuncia.
En paralelo, se observa un retroceso preocupante en el interés por estudiar pedagogía. Entre 2010 y 2025, la matrícula de primer año en carreras de pedagogía se redujo a la mitad, y se han cerrado 460 programas regulares de formación docente en la última década. Esto repercute directamente en la equidad del sistema: las regiones extremas y los sectores más vulnerables enfrentan un déficit agudo de profesores, lo que perpetúa la desigualdad de oportunidades educativas.
La solución no es sencilla ni de corto plazo, pero sí urgente. Es necesario revisar integralmente las condiciones laborales del profesorado: mejores salarios, estabilidad contractual, acceso a formación continua, políticas de cuidado para la salud mental y física, y sobre todo, una revalorización cultural y política de la profesión docente. No se trata solo de exigir más recursos, sino de tomar decisiones estratégicas que reconozcan que no habrá una educación de calidad sin profesores dignificados.
Este 16 de octubre debe ser una oportunidad no para repetir eslóganes vacíos, sino para asumir compromisos concretos. La vocación no puede seguir siendo sinónimo de sacrificio. Debe ser, en cambio, un motor fortalecido por condiciones reales que permitan ejercer la docencia con sentido, dignidad y proyección. Solo así podremos construir un sistema educativo verdaderamente transformador y justo.
